
Las penas sustitutivas son una oportunidad legal para cumplir una condena en libertad bajo ciertas condiciones. Sin embargo, si Gendarmería informa que el condenado ha incumplido estas condiciones, el tribunal puede iniciar un proceso de revocación, lo que significa que el saldo de la pena deberá cumplirse mediante reclusión efectiva (cárcel).
La Ley 18.216 establece principalmente dos motivos para que un juez decida revocar el beneficio:
Incumplimiento de las Condiciones: No presentarse a firmar, no asistir a las entrevistas con el delegado de Gendarmería, cambiar de domicilio sin avisar o no cumplir con el programa de intervención individual.
Comisión de un Nuevo Delito: Si durante el periodo de la pena sustitutiva la persona es formalizada o condenada por un nuevo hecho delictivo.
Quebrantamiento de Dispositivos: En el caso de la reclusión parcial con monitoreo telemático, la manipulación o el abandono del radio de la tobillera electrónica.
Cuando Gendarmería solicita la revocación, el tribunal cita a una audiencia. Nuestra labor es evitar el ingreso al recinto penal mediante las siguientes acciones:
Justificación de Incumplimientos: Acreditamos mediante pruebas documentales (certificados médicos, contratos de trabajo, problemas de transporte o emergencias familiares) que las faltas no fueron por rebeldía, sino por causas de fuerza mayor.
Solicitud de Intensificación (No Revocación): Argumentamos que, en lugar de enviar al cliente a la cárcel, el tribunal puede "intensificar" la pena. Por ejemplo, pasar de una Remisión Condicional a una Libertad Vigilada Intensiva, manteniendo al cliente en el medio libre.
Reemplazo de la Pena: En ciertos casos, solicitamos que el incumplimiento se sancione con una medida distinta, como la Reclusión Parcial Nocturna o de fin de semana, evitando la interrupción total de la vida laboral y familiar del condenado.
Cálculo de Abonos: Si la revocación es inevitable, litigamos para que cada día que el cliente cumplió efectivamente en libertad (o bajo arresto domiciliario previo) sea abonado al saldo de la pena, reduciendo al máximo el tiempo de cárcel efectiva.
La notificación de una audiencia de revocación es la última alarma antes de la cárcel. Una defensa proactiva que logre justificar las faltas y proponer alternativas de cumplimiento puede salvar la libertad del condenado.